La Argentina no está en guerra. Límites constitucionales a las declaraciones del Presidente

El Movimiento Justicia y Libertad ante las declaraciones del Presidente de la Nación, Javier Milei, respecto al conflicto armado en Medio Oriente, en las que expresó que “ganaremos”, obligan a realizar una aclaración institucional imprescindible: la República Argentina no está en guerra.
Nuestro país no ha declarado la guerra a ningún Estado, ni participa como parte beligerante en el conflicto que se desarrolla en esa región del mundo.
En la República Argentina la guerra no se declara por frases, simpatías ideológicas o alineamientos personales, sino a través de los mecanismos que establece la Constitución de la Nación Argentina.
El artículo 75 inciso 25 es claro y taxativo: corresponde al Congreso de la Nación Argentina autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
Es decir, ningún Presidente puede colocar discursivamente a la Argentina dentro de un conflicto armado internacional sin la participación del Congreso, que es el órgano representativo del pueblo y de las provincias.
Las palabras presidenciales, por lo tanto, no sólo resultan impropias de la responsabilidad institucional del cargo, sino que además pueden generar confusión en la comunidad internacional respecto de la verdadera posición del Estado argentino.
La tradición diplomática de la Argentina ha estado históricamente basada en principios claros:
la solución pacífica de las controversias,
el respeto al derecho internacional,
la no intervención en conflictos externos, y la defensa de la paz entre las naciones.
Por otra parte, el propio Presidente ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones su intención de ser “el presidente más sionista del mundo”. Las convicciones personales de un mandatario pertenecen al ámbito de sus ideas y creencias, pero la política exterior de una Nación no puede transformarse en la proyección de afinidades ideológicas, religiosas o identitarias del gobernante de turno.
La política exterior argentina debe responder al interés nacional, a la Constitución y al derecho internacional, no a definiciones personales.
En momentos de extrema tensión internacional, la prudencia institucional no es una opción: es una obligación de Estado.
Por ello resulta necesario reafirmar con claridad:
La Argentina no está en guerra.
El Congreso de la Nación no ha autorizado ninguna declaración de guerra.
Y ningún Presidente puede hablar en nombre de una guerra que el pueblo argentino nunca decidió librar.
Defender estos principios no es una cuestión partidaria.
Es, simplemente, defender la Constitución y el orden republicano.